Congreso: Proyecto de ley obstaculizaría el acceso al aborto terapéutico

Comisión aprobó dictamen de autoría de Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, que pondría en riesgo los derechos sexuales y reproductivos.

A través de avisos para solucionar problemas de "atraso menstrual", se esconde una red de clínicas ilegales que ofrecen abortos.

En todo el mundo este tipo de legislaciones en contra de los derechos sexuales y reproductivos genera que el aborto clandestino crezca y las vías de acceso a este no son complicadas. En el Perú, tan solo ingresando la frase de “atraso menstrual” en un buscador web, aparecen varias opciones para llamar y llegar a acuerdos con vendedores del mercado negro de los abortos en el Perú. Los precios oscilan entre los S/250 y S/1.600, dependiendo el proceso que la gestante desee aplicarse. Los supuestos promotores médicos aseguran que cuentan con especialistas en la materia dentro de sus consultorios y tienen una serie de requisitos para poder acércate a ellos.

Han pasado casi 100 años desde que se legalizó el aborto terapéutico en el Perú y siete de su reglamentación. El artículo 119 del Código Penal señala que no es punible el aborto practicado por un médico, con el consentimiento de la mujer, cuando es el único medio para salvar su vida o evitar en su salud algún mal grave y permanente. A este tipo de aborto, el terapéutico, puede acceder la gestante hasta las 22 semanas de embarazo si su vida corre peligro y cumple una de las 11 causales para su aplicación. Sin embargo, no hay mucha información ni difusión sobre el tema.

El Proyecto de Ley 1520, recientemente aprobado por la Comisión de Mujer y Familia del Congreso, “promueve la protección del embarazo, de la madre gestante, del niño por nacer y de su entorno familiar”. Para los especialistas, esta norma, de autoría de la congresista Rosangella Barbarán (Fuerza Popular), podría poner en riesgo los derechos de la gestante y la aplicación del aborto terapéutico.

El director de Salud Sexual y Reproductiva del Minsa, Guillermo Atencio, declaró esta propuesta es reiterativa puesto que ya existen normas médicas que garantizan la protección. Asimismo, resaltó que el uso de algunos términos podría generar conflictos de interpretación cuando se necesite aplicar la guía técnica para el procedimiento de atención integral de la gestante en la interrupción voluntaria por indicación terapéutica.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) también manifestó su preocupación a través de un comunicado oficial y detalló que la protección del concebido se realiza a través de la protección de las mujeres gestantes, ya que sus derechos no son absolutos ni tienen prevalencia frente a otros derechos. Agregó que, según estándares internacionales, estos son graduales y progresivos según su desarrollo.

En defensa de su proyecto

La congresista Rosangella Barbarán declaró que su propuesta busca garantizar la aplicación integral de buenas prestaciones de salud física y mental para la madre y que beneficiaría al niño por nacer. Asimismo, resaltó que a las instituciones que se han pronunciado en contra se les solicitó su opinión anticipada.

La congresista Ruth Luque en diciembre del 2021 presentó un proyecto de ley para despenalizar el aborto por violación sexual; sin embargo, los avances en normas de este tipo, que buscan otorgar más derechos sexuales y reproductivos para subsanar los males de salud pública que existen en el Perú, son bajos y fuertemente criticados.